El Pleno del Consejo Escolar de Canarias (CEC), en sesión celebrada por videoconferencia, en San Cristóbal de La Laguna, el día 16 de octubre de 2021, acuerda trasladar, a la administración educativa, a los responsables políticos, a los parlamentarios y a la sociedad, en general, las consideraciones que se expresan en la siguiente Resolución.
El Consejo Escolar de Canarias (CEC), como órgano institucional que canaliza la participación de todos los sectores afectados por la programación general de la enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y en virtud de lo establecido en el Artículo 27, apartado 7 de la Constitución española: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”, hace público y transmite, una vez más, a la administración, a los responsables políticos, a los parlamentarios y a la sociedad, en general, con motivo del actual debate parlamentario sobre el presupuesto, el posicionamiento firme y reiterado[1] de éste órgano sobre la necesidad de asegurar la adecuada financiación del sistema educativo, lo que obliga a asumir política y socialmente, que la financiación educativa debe considerarse como una inversión de enormes repercusiones socioeconómicas y no como un gasto o subvención de un servicio.
Los diferentes sectores que conforman el Consejo Escolar de Canarias y representan a la comunidad educativa y social canaria, consideran que la inversión en educación debe garantizarse como una prioridad en la Comunidad Autónoma de Canarias, por su rentabilidad individual y social (empleo, sanidad, servicios sociales, etc.), por el papel estratégico que juega la formación como generadora de progreso y bienestar personal y social, y, en consecuencia, como fundamental recurso de mejora tanto de la actual situación socioeconómica, como del desarrollo futuro de Canarias.
Para ello, el CEC ve necesario que, desde el gobierno, las instituciones políticas y sociales, la sociedad en general y el sector productivo, se asuma la importancia de la inversión educativa y el beneficio que supone su retorno económico y social que, según la OCDE, triplica el valor absoluto de los costes[2], reflejando y consignando, de forma clara y explícita, un incremento presupuestario progresivo anual.
La brecha social, educativa, cultural y económica que ha aflorado con la reciente pandemia y el aumento de población en riesgo de pobreza[3], obliga a intensificar y fortalecer, ahora más que nunca, la intervención socioeducativa con mayores porcentajes de inversión, de tal manera que se garantice la calidad y equidad del sistema educativo, y de una educación basada en valores de igualdad y solidaridad, pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra Comunidad. Para ello, es preciso que la inversión educativa se incremente progresivamente y de manera significativa, haciendo cumplir, al menos, el acuerdo unánime del Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias de diciembre de 2013, y dentro del periodo 2014-22 establecida posteriormente por la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria y en cuyo artículo 72.3 establece que: “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo
deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”. Y no olvidando, además, el fundamental horizonte de garantizar la financiación de nuestro sistema educativo hasta equipararse a la inversión de los países de la U.E. punteros en esta materia, todo ello requerido por el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, potenciado y aprobado por unanimidad en el CEC, ya que constituye una clave de futuro irrenunciable para la Comunidad Canaria.
El Consejo Escolar de Canarias insta, por tanto, al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias a que, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para el ejercicio de 2022, tal y como contempla el artículo 72.3 de la Ley Canaria de Educación, se dedique al menos el 5% del PIB para Educación.
