El Consejo Escolar de Canarias insta al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias a que se dedique al menos el 5% del PIB a Educación

El Pleno del Consejo Escolar de Canarias (CEC), en sesión celebrada semipresencialmente, en San Cristóbal de La Laguna, el día 30 de septiembre de 2023, acuerda trasladar a la administración educativa, a los responsables políticos, al Parlamento y a la sociedad en general, las consideraciones que se expresan en la siguiente Resolución, aprobada por unanimidad.

La educación como inversión

El Consejo Escolar de Canarias (CEC), como órgano institucional que canaliza la participación de todos los sectores afectados por la programación general de la enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y en virtud de lo establecido en el Artículo 27, apartado 7 de la Constitución española, transmite, una vez más, a la Administración, a los responsables políticos, al Parlamento y a la sociedad en general, con motivo del próximo debate parlamentario sobre el presupuesto, su posicionamiento firme y reiterado1 sobre la necesidad de asegurar la adecuada financiación del sistema educativo.

La financiación educativa constituye una inversión de enormes repercusiones socioeconómicas y no un gasto o subvención de un servicio. Los diferentes sectores que conforman el Consejo Escolar de Canarias y representan a la comunidad socioeducativa canaria, exigen que la inversión en educación debe garantizarse como una prioridad en la Comunidad Autónoma de Canarias, por su rentabilidad individual y social (empleo, sanidad, servicios sociales, etc.), por el papel estratégico que juega la formación como generadora de progreso y bienestar personal y social y, en consecuencia, como fundamental recurso de mejora tanto de la actual situación socioeconómica como del desarrollo futuro de Canarias.

Para ello, el CEC ve absolutamente necesario que, desde el Gobierno, las instituciones políticas y sociales, el sector productivo y la sociedad en general, se asuma la importancia de la inversión educativa, así como de los servicios complementarios y extraescolares necesarios que permitan que sea fielmente pluralista, integradora y compensadora. Aparte de considerar el beneficio que supone su retorno económico y social que, según la OCDE, triplica el valor absoluto de los costes, lo cual evidencia de forma clara y explícita, la necesidad de un incremento presupuestario progresivo anual.

La brecha social, educativa, cultural y económica existente actualmente en la sociedad canaria y el aumento de población en riesgo de pobreza, obligan a intensificar y fortalecer, ahora más que nunca, la intervención socioeducativa con mayores porcentajes de inversión, de tal manera que se garantice la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo, pilares fundamentales para el desarrollo presente y futuro, de nuestra Comunidad.

En palabras del mismo preámbulo de la Ley Canaria de Educación, esta Comunidad autónoma demanda “un sistema educativo que disponga de una financiación acorde con sus necesidades y ejecutada siguiendo criterios de eficacia y eficiencia”. Por tanto, es preciso que la inversión educativa se incremente imperativamente, partiendo del suelo de inversión que fija su título VII para todo el sistema educativo y fija las condiciones que permitirán armonizar la gestión económica contando, como mínimo, con el 5% del PIB previsto en la Ley Canaria de Educación superados, ya en 2022, los ocho años de su aprobación, tal y como lo establece su artículo 72.3:

“El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”.

Y, también, como se contempla en el Artículo 155.2 y Disposición adicional octava – LOMLOE, que establece la creación de un plan de incremento del gasto público en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de la Ley hasta un mínimo del 5% del producto interior bruto.

Todo ello y dada la importancia que este objetivo tiene, de la misma manera, habría que estar atentos a las posibles desviaciones que puedan surgir, debido a las dificultades económicas actuales, a través de la elaboración de informes trimestrales sobre la ejecución real del presupuesto y que, en caso de desviaciones significativas, es esencial que también se tomen medidas correctivas antes del final de cada ejercicio.

Además, no se puede olvidar el horizonte fundamental de garantizar la financiación de nuestro sistema educativo hasta equipararse a la inversión de los países de la Unión Europea punteros en esta materia, cuestión planteada en el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, ya que constituye la clave de futuro irrenunciable para la Comunidad Canaria.

No debemos, así mismo, olvidar el principio de gratuidad de la enseñanza expresado también en la Constitución Española en su Artículo 27, apartado 4: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, desarrollado en la Ley Canaria en su artículo 28, ampliado al segundo ciclo de infantil en el artículo 29. Aún queda mucho por hacer para garantizar plenamente este derecho, a través, por poner algunos hitos, de la gratuidad de los materiales didácticos, las actividades complementarias en horario lectivo, el transporte escolar y los servicios complementarios de conciliación, asumiendo, mediante la necesaria financiación que aún falta, la mejora en estas y tantas otras prestaciones que se estimen para que se reafirme este principio, que no es otro que el de garantizar la universalidad de la enseñanza sea cual sea el origen socioeconómico de las familias.

El Consejo Escolar de Canarias insta, por tanto, al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias a no conculcar el mandato legislativo y que, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canaria para el ejercicio 2024, tal y como contempla el artículo 72.3 de la Ley Canaria de Educación, se dedique, al menos el 5% del PIB a Educación.